Cercando al objetivo
Los fiscales que investigan las muertes durante las protestas (2022-2023) contra Dina Boluarte accedieron a 6 mil audios de la Policía Nacional.
El Ministerio Público está un paso más cerca de trazar la ruta que siguieron los policías que dispararon y habrían ocasionado las muertes de más de 50 manifestantes durante las protestas contra Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Pie de página pudo conocer que el Eficavip (equipo especial de fiscales que investigan los abusos de las fuerzas del orden en las marchas) accedió desde comienzos de mayo a 6 mil grabaciones de audio que corresponden a las comunicaciones que mantuvieron efectivos de la Policía Nacional durante las protestas.
El material está siendo procesado por la Fiscalía, ya que son de utilidad para 10 investigaciones en Lima, Callao, La Libertad y Lambayeque. Sin embargo, ¿qué importancia reviste el acceso a estos audios?
Según fuentes cercanas, los audios registran los contactos por radio que intercambiaron los agentes en las manifestaciones en rangos horarios clave para determinar con precisión posibles responsabilidades penales en los ataques contra los civiles.
Una de las últimas recepciones de grabaciones de voz digital se dio el 12 de mayo sobre la jornada del 4 de febrero de 2023, fecha en la que se apagó el alumbrado público de la plaza San Martín.
Ese día la convocatoria inició, en Lima, en la plaza Dos de Mayo, y tal como grabaron distintos ciudadanos la Policía apuntó al cuerpo de los manifestantes.
El Eficavip requirió acceder a esta importante fuente de datos a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la PNP, que guarda un repositorio con todos los registros históricos de sus efectivos.
El sistema de comunicación troncalizado TETRA identificó así 638 audios captados de los equipos de radio de la Policía, según el pedido fiscal, entre la una de la tarde y las nueve de la noche.
De este modo, se ha entregado ya el material que involucra a tres unidades que intervinieron en las marchas esa jornada: el Grupo de Intervenciones Rápidas Lima (GIR), Salvataje Sur y Escuadrón Verde Lima.
Para el Eficavip, los audios representan un avance destacado a corto y mediano plazo, puesto que permitirán el desarrollo de más diligencias y cotejo en tiempo real para recreaciones de los hechos, precisar los cargos, establecer el movimiento de los policías que dispararon sus armas según el código de sus radios y delimitar a grupos más reducidos las listas de agentes que participaron en los ataques contra los protestantes.
A la fecha, son más de 40 policías investigados en Lima, y si bien aún no se han solicitado prisiones preventivas para los presuntos responsables, para la Fiscalía se trata de una cuestión de estrategia.
En principio porque sostienen que el objetivo es definir aun más sus imputaciones hasta incluir a otros involucrados en la cadena de mando. En segundo lugar, porque por el momento los investigados cumplen con reglas de conducta establecidas por el Poder Judicial.
Sobre el supuesto de posibles obstrucciones ante las investigaciones fiscales, no obstante, pueden solicitar medidas más graves como la prisión preventiva.
Esa opción sigue presente atendiendo que muchos de los efectivos continúan en funciones y la propia Inspectoría de la Policía Nacional ha archivado administrativamente varios de los casos pese a los indicios.
El caso Santisteban
Hablar de Víctor Santisteban Yacsavilca implica, además de la tragedia de ser el primer fallecido de las protestas en Lima el 28 de enero de 2023, analizar el caso contra los presuntos responsables de la bomba lacrimógena que impactó en su cabeza y le quitó la vida.
En setiembre del mismo año se identificó e incluyó al caso al agente que habría disparado el proyectil a corta distancia contra Santisteban, Ignacio Talledo Alcas, escopetero y jefe de escuadra que comandaba al grupo de policías de la zona.
Meses después se le imputó homicidio calificado, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Ese mismo 28 de enero, además, también resultaron heridos Rolando Marcas Arango y Jhon Lapa Laime, que fueron impactados por cartuchos de bombas lacrimógenas ocasionándoles deformidad en el rostro y cráneo.
También fue incluido al caso el mayor PNP José Luis Solari Chillce, quien fue jefe operativo del Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R.) de la DIVSEESP. Talledo estuvo bajo sus órdenes.
A Solari Chillce, por su mayor rango, se le ha atribuido el mismo delito pero en la figura de “comisión por omisión”. Es decir, una responsabilidad penal en la que a través de la falta de control o de órdenes sobre sus subordinados habría igualmente afectado derechos a la vida, a la protesta, y otros según la Fiscalía.
Desde que se le formalizó el caso, Solari cumple reglas de conducta y debe informar y solicitar permiso si desea salir de la capital.
Hace poco, el 17 de mayo, el juez Raúl Justiniano Romero aprobó su pedido para viajar a Iquitos del 20 al 25 de este mes y del 3 al 8 de junio para dictar una capacitación sobre derechos humanos. Así como se lee.
Paradójicamente, Solari Chillce, investigado por violaciones a los DD.HH., también es instructor sobre DD.HH., lo que usó como fundamento para viajar por unos días a Iquitos.
Allí dictó el “I Curso para la Capacitación para la Formación de Instructores en Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial - Año 2024”.
Otro mayor investigado
El avance del Eficavip en Lima también se ha traducido en el caso de Renato Sebastián Murillo Reyes, joven estudiante de Derecho que el 12 de diciembre de 2022 recibió el proyectil de un gas lacrimógeno. El ataque lo dejó más de 10 días en coma.
Los fiscales incluyeron como investigado el último 25 de marzo al mayor PNP Luis Alberto Ávila Ortiz, a quien se le atribuye el delito de lesiones graves. Para él se han pedido recientemente restricciones que el juez Richard Concepción Carhuancho evaluará el 4 de julio.
La Fiscalía es clara respecto a Ávila Ortiz. El efectivo, en su condición de jefe de la Primera Compañía de la Unidad de Servicios Especiales Centro (Águilas), habría incumplido su deber de supervisar y controlar las decisiones de sus subordinados afectando la vida y salud de los manifestantes.
Para Luis Alberto Bazán Campos, presunto autor directo y quien habría disparado el gas lacrimógeno al rostro del estudiante, también se ha precisado en marzo lo siguiente: que entre las 8:15 y 8:30 p.m. el policía disparó con su escopeta lanza gas, a menos de diez metros, el proyectil que fue directo al entrecejo del agraviado. Esto ocurrió en la plaza San Martín.
Balance
Para el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, la incorporación de los audios a los casos del Eficavip son positivos. Rivera también asume junto a otros colegas la defensa de agraviados del 28 de enero de 2023 y heridos de las protestas en Ayacucho, Andahuaylas, Junín y Cusco.
“El conjunto de investigaciones del Eficavip, no solo las de Lima, están bastante potenciadas. Lo de los 6 mil audios es bastante bueno porque da cuenta de un compromiso del Ministerio Público, a pesar de todos los entredichos que hubo al inicio de su constitución [el Eficavip se formó en abril de 2023] y problemas que hubieron. El Eficavip ha tomado un rumbo bastante claro ya que varios casos complejos ya están formalizados. Por ejemplo, en el de la matanza de Juliaca.
En general, las investigaciones están bastante avanzadas. Si bien ha pasado más de un año, hay un progreso sustancial incluso contra los autores materiales. Tenemos en verdad un balance positivo".
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